El Consell de Mallorca se unirá en el caso de la trama de anulación de multas.

En Mallorca, los servicios jurídicos del Consell de la isla están evaluando la posibilidad de presentarse como parte afectada en el caso de la trama que se hacía pasar por personal de la casa, engañando a las personas al hacerles creer que podían cancelar las multas impuestas por la Agencia de Defensa del Territorio (ADT).

Esta decisión surge luego de que cuatro individuos, que han sido detenidos, utilizaran el nombre del Consell de Mallorca y se hicieran pasar por funcionarios para llevar a cabo actividades ilegales.

La Policía Nacional ha informado que ha arrestado a cuatro individuos en Palma por una presunta estafa de más de 370.000 euros al hacer creer a las personas que podían eliminar sanciones impuestas por la ADT.

Según la investigación, los presuntos autores afirmaban tener conexiones en la ADT que les permitían anular multas por infracciones urbanísticas en propiedades de la isla, lo que resultó en un total de más de 370.000 euros estafados.

La investigación se inició después de que una de las víctimas, que había recibido una multa por una infracción urbanística, se pusiera en contacto con uno de los presuntos estafadores a través de conocidos.

El supuesto cómplice, encargado de captar víctimas y recoger pagos, entregaba el dinero a otro individuo detenido que supuestamente gestionaba el asunto con el contacto ficticio en la ADT.

Las autoridades han descubierto que otro detenido llevaba a cabo trámites administrativos para dar la apariencia de que estaban intentando anular las sanciones, pero en realidad las multas eran firmes y no se podían apelar.

Además, se ha encontrado que un cuarto detenido utilizó una cuenta bancaria a nombre de su empresa para recibir dinero de una de las víctimas.

El Grupo de Delincuencia Económica y Delitos Tecnológicos ha determinado que los detenidos se aprovecharon de la situación vulnerable, tanto económica como mental, de las víctimas para persuadirlas a realizar los pagos solicitados.

Algunas de las multas impuestas por la ADT incluían la demolición total de las estructuras ilegales y el pago de multas superiores a 500.000 euros.

Las víctimas se despreocuparon del problema durante el proceso, confiando en que los estafadores serían capaces de eliminar las sanciones. Como resultado, se vieron perjudicadas con intereses moratorios y, en algunos casos, embargos por no cumplir con los pagos de las multas.