El exconseller de Turismo, Carlos Delgado, ha defendido esta semana la importancia de privatizar el puerto de Calanova, argumentando que había un problema de corrupción profundamente arraigado, al afirmar que "había un mangoneo histórico, hasta políticos y jueces tenían amarres sin pagar". Esta declaración resuena en el marco del juicio que se lleva a cabo por el caso Calanova, donde se investigan posibles irregularidades en la concesión del puerto deportivo.

En la primera jornada del juicio, Delgado se vio obligado a responder a las acusaciones relacionadas con su vinculación con un abogado amigo y socio, sobre el que se asegura que recibió beneficios en la adjudicación del puerto. Afirmó rotundamente que no había manipulado el proceso para favorecer a su conocido, enfatizando que "tenía amigos en todas las empresas náuticas".

Durante la intervención, el fiscal anticorrupción, Juan Carrau, cuestionó a Delgado sobre la adjudicación que tuvo lugar en 2013. Delgado admitió que supo de la intención de su abogado, Carlos Gelabert, de presentarse a dicha adjudicación, pero subrayó que esta relación era puramente profesional; además, aseguró que en ese momento estaba involucrado en un proceso de divorcio con Gelabert.

El exconseller defendió su derecho a participar en el proceso de adjudicación, dejando claro que no tenía ninguna obligación de abstenerse, ya que, según él, no se cumplían los requisitos que lo justificarían. "En ese momento, aunque nuestra relación profesional se hiciera más cercana después, no había conexión que justificara mi abstención", defendió Delgado, insistiendo en su integridad durante el procedimiento.

En respuesta a las alegaciones sobre su amistad con el beneficiario del contrato, que más tarde se convertiría en su socio, Delgado refutó tales afirmaciones, tachándolas de "mentiras" producidas por una persona a quien ha denunciado por falso testimonio.

Además, el exconseller volvió a poner sobre la mesa la urgencia de privatizar el puerto de Calanova, aduciendo que la administración enfrentaba gravísimos problemas financieros. "La situación era desastrosa", comentó, mientras enfatizaba la necesidad de abordar las irregularidades históricas que se habían producido en torno a la gestión del puerto deportivo, señalando la implicación de figuras políticas y judiciales en marcos irregulares.