En un impactante caso de irregularidades sanitarias y explotación laboral que ha salido a la luz, cuatro hermanos han admitido este lunes ante la justicia haber comercializado carne caducada y manipulada en un negocio ubicado en Santa Ponça, Mallorca. Esta revelación ha llevado a los acusados a aceptar una condena de seis años de prisión tras llegar a un acuerdo con las partes litigantes.

El consenso se alcanzó justo al comenzar el juicio en la Sección Primera de la Audiencia Provincial, donde la tensión era palpable. El padre de los acusados, quien fundó la empresa, estaba igualmente en el banquillo de los acusados; sin embargo, su fallecimiento durante el proceso judicial ha cambiado el rumbo del caso.

Los hermanos, que incluyen a tres hombres y una mujer, han sido condenados a un año de prisión cada uno por un delito que atenta contra la salud pública. Además, dos de ellos enfrentarán una pena adicional de 12 meses por incurrir en falsedad mercantil y violaciones a los derechos laborales, sumando cuatro meses de prisión por cada uno de estos delitos.

Entre 2015 y 2018, los acusados admitieron haber cometido un amplio espectro de irregularidades en cuanto a la seguridad alimentaria. Estos actos ilícitos incluían la falta de documentación de trazabilidad de los productos cárnicos, manipulación de las etiquetas para alterar las fechas de caducidad, la venta de comidas preparadas sin la debida autorización y el despiezado de carne sin la habilitación correspondiente.

Además de las infracciones sanitarias, los trabajadores de la empresa se vieron sometidos a condiciones laborales insostenibles, con jornadas extensas que ignoraban el derecho a descansos apropiados y la no compensación por horas extras trabajadas.

La fiscalía había solicitado penas que sumaban hasta 25 años de cárcel para los hermanos, un indicativo de la gravedad de los delitos cometidos. A su vez, la empresa en cuestión deberá enfrentar una multa que supera los 10,000 euros y se ha ordenado su cierre durante los próximos cinco años, como medida cautelar para salvaguardar la salud pública y los derechos de los trabajadores.