Cort se enfoca en regularizar los pagos pendientes de los locales de s'Escorxador durante los últimos dos años.

Cort se enfoca en regularizar los pagos pendientes de los locales de s'Escorxador durante los últimos dos años.

El Ayuntamiento de Palma ha aprobado este miércoles un proyecto para llevar a cabo mejoras en el centro sociocultural de s'Escorxador, según informó la Junta de Gobierno. Esta iniciativa busca regularizar la situación de los locales establecidos en el lugar, que acumulan dos años de impago de alquileres al Consistorio.

En una rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, la portavoz de la corporación municipal, Mercedes Celeste, explicó que desde diciembre de 2021 hasta finales de 2023 no se han pagado los alquileres de los locales, pero se está trabajando para poner en orden esta situación con los servicios jurídicos del Ayuntamiento.

Celeste también señaló que en mayo de 2023, antes de las elecciones, el equipo de gobierno anterior decidió cobrar a estos locales por la ocupación de la vía pública debido a las terrazas que tienen en su interior. Sin embargo, los servicios jurídicos consideraron que este cobro no era válido, ya que los locales tienen otro tipo de contrato para su ubicación. Por tanto, el dinero cobrado de forma irregular ha sido devuelto y se está negociando cómo los empresarios pueden pagar de manera razonable los dos años pendientes de pago al Ayuntamiento.

En cuanto al proyecto de mejoras en el centro sociocultural, la Junta de Gobierno aprobó varias actuaciones, entre las cuales se encuentra la instalación y renovación del sistema de contraincendios, la transformación integral de la instalación eléctrica del alumbrado, la renovación de los servicios de energía y agua, la instalación de riego, la mejora de la accesibilidad, la remodelación de los aseos públicos y parte del alcantarillado, y la remodelación de la oficina de gestión y del sistema de vigilancia.

Es importante recordar que el contrato de gestión integral de esta infraestructura con la empresa llegó a su fin el 31 de diciembre de 2021. Tras el final del contrato, el Ayuntamiento realizó una auditoría que reveló diversas irregularidades valoradas en 900.000 euros, atribuidas al incumplimiento de normativas y falta de mantenimiento por parte de la empresa. El Consistorio exigió el pago de esta cantidad, que ha sido abonada y se destinará a las mejoras de accesibilidad y contraincendios. Además, el Ayuntamiento también aportará fondos para mejoras en temas de energía y agua.

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