El Ayuntamiento de Palma ha iniciado el proceso de desalojo para las 206 personas que actualmente habitan en la antigua prisión de la ciudad. Esta decisión fue tomada durante una reunión extraordinaria del gobierno local, celebrada el viernes por la tarde, marcando el comienzo de un periodo de cinco días en el que los ocupantes podrán presentar sus argumentos en contra de la medida.

Tras este trámite, el Consistorio deberá responder a las alegaciones presentadas antes de emitir una orden de desalojo que obligará a los ocupantes a abandonar el lugar en un plazo máximo de cuatro días. Si algunos residentes no se marchan de manera voluntaria, el Ayuntamiento pedirá la autorización judicial necesaria para llevar a cabo el desalojo.

En el marco de la Junta Local de Seguridad, también se han anunciado los resultados de un censo realizado recientemente en el que se contabilizó la presencia de 206 personas en la antigua prisión. De acuerdo con los primeros análisis, el 80% de estos ocupantes son hombres, con una edad media de 33 años, y no se han registrado menores entre ellos.

Un 82% de las personas identificadas son de origen argelino o marroquí, mientras que el 15% son españoles y el 10% colombianos. El Ayuntamiento ha indicado que, según censos anteriores, un 65% de estos individuos se encuentra en situación administrativa irregular, aunque estos datos deberán ser confirmados por las fuerzas de seguridad.

Javier Bonet, primer teniente de alcalde, ha señalado que solo aquellos que han sido oficialmente identificados podrán acceder al recinto en los días venideros. Además, se han identificado otras 60 personas que residen en las antiguas viviendas de los funcionarios de la prisión, quienes no han sido incluidos en este censo y cuyo desalojo se llevará a cabo en una fase separada debido a la menor urgencia de su situación.

Para abordar la situación de los ocupantes, el Ayuntamiento ha activado un dispositivo social que incluye la colaboración con varias entidades, como el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales, Cruz Roja y el Obispado de Mallorca, con la finalidad de encontrar alternativas de atención y alojamiento. Sin embargo, desde el martes, ningún residente ha aceptado la asistencia ofrecida por los servicios sociales, lo cual es un requisito para recibir ayuda.

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha solicitado información a la Delegación del Gobierno sobre posibles actividades ilícitas en el interior de la prisión y ha instado a que se inicien procedimientos para identificar a quienes no tienen regularizada su situación migratoria. Asimismo, ha enfatizado la importancia de mantener el control de acceso al recinto hasta que se complete el desalojo y ha solicitado apoyo adicional de la Policía Nacional para garantizar la seguridad en las áreas cercanas.

El alcalde ha resaltado que es imperativo evitar que las personas desalojadas formen nuevos asentamientos informales en las inmediaciones de la antigua cárcel. Durante las reuniones, Martínez también enumeró las más de 300 intervenciones realizadas en este espacio desde el inicio de la legislatura, destacando las numerosas acciones llevadas a cabo por los Bomberos de Palma y la Policía Local, así como la oferta continua de servicios sociales a los residentes.

Martínez ha recordado que esta activación del proceso de desalojo se debe al aumento de incidentes en el recinto, incluidos varios incendios recientes, uno de los cuales requirió el rescate de cuatro individuos. Los informes recientes de la Policía Local y los Bomberos han alertado sobre el alto riesgo que corre esta población en caso de que vuelvan a ocurrir tales emergencias, subrayando la gravedad de la situación en la que se encuentran.