PALMA, 13 de noviembre. En un reciente pleno del Ayuntamiento de Palma, se ha dado luz verde al proyecto de ordenanza que regulará la nueva Zona de Bajas Emisiones (ZBE). Esta iniciativa recibió el respaldo del Partido Popular (PP) y la abstención del PSIB; su entrada en vigor está programada para enero de 2025.

Sin embargo, la medida ha encontrado fuerte oposición entre los grupos municipales MÉS per Palma y Unidas Podemos, quienes argumentan que su implementación no generará un impacto significativo en la reducción de las emisiones contaminantes provenientes de los vehículos. Además, Vox expresó su desconfianza hacia la empresa encargada de elaborar el informe fundamentador de la propuesta, cuestionando su idoneidad y experiencia en el tema.

A pesar de las críticas, la ZBE comenzará a operar el próximo enero, limitando el acceso de vehículos no autorizados y aquellos con el distintivo A de la Dirección General de Tráfico (DGT) en el área interior de las Avenidas. Se prevé que en 2027 las restricciones se amplíen a los distintivos B, y de cara a 2030, solo se permitirá la circulación de vehículos catalogados como ECO o de cero emisiones.

Toni Deudero, regidor de Movilidad, defendió el proyecto al señalar que alinear a Palma con otras ciudades que cumplen con las normativas comunitarias y estatales es esencial. Deudero aseguró que la nueva regulación no interrumpiría los servicios de hospitales y centros sanitarios, como el Hospital General o la Clínica Rotger, que operan dentro de la zona afectada.

Por su parte, Xisco Dalmau, portavoz adjunto del PSIB, manifestó que, si bien considera la ordenanza un paso fundamental para mitigar las emisiones del tráfico vehicular, lamentó que esta iniciativa no se complemente con un refuerzo del transporte público y una expansión de las áreas peatonales y la infraestructura ciclista.

La portavoz de Vox, Gari Durán, reiteró su oposición a la ordenanza, fundamentada en la falta de confianza hacia la empresa responsable del informe de base que sustenta el proyecto, señalando que no cuenta con la experiencia adecuada. Además, enfatizó la necesidad de realizar mediciones de emisiones en toda la ciudad, no solo en puntos seleccionados del centro, para realmente identificar las áreas más contaminadas.

En un tono irónico, Miquel Àngel Contreras de MÉS per Palma y Lucía Muñoz de Unidas Podemos coincidieron al calificar la propuesta como la "zona de iguales emisiones", ya que consideran que no logrará el objetivo de reducirlas efectivamente. Contreras apuntó también al gobierno municipal por no haber incluido en la ordenanza propuestas como la prohibición de vehículos de alquiler turístico en la ZBE o restricciones para los camiones de reparto de mercancías, lo que podría haber fortalecido la efectividad de la medida.