El Ayuntamiento de Palma ha llevado a cabo una sesión crucial donde se ha aprobado una medida destinada a solicitar al Parlament la revisión de la Ley de Capitalidad. Esta revisión propuesto busca aumentar la contribución mínima de diversas administraciones a la capital balear, llevándola hasta los 60 millones de euros, una cifra que podría tener un impacto significativo en las arcas municipales.

Dicha propuesta fue presentada hace unos días por el alcalde Jaime Martínez y ha logrado el respaldo de los partidos PP y Vox, mientras que los restantes grupos políticos han mostrado su descontento. La propuesta ahora será enviada al Parlament y al Govern para su consideración.

La iniciativa de aumentar la inversión surge en un contexto donde la población de Palma ha crecido un 27% en los últimos veinte años, lo que plantea la necesidad de una revisión de la normativa vigente de 2006. Este crecimiento demográfico, junto con la constante llegada de turistas, subraya la importancia de reforzar las infraestructuras de la ciudad, que se encuentran en el epicentro de las dinámicas turísticas de las Islas Baleares.

Mercedes Celeste, regidora de Hacienda, ha defendido la necesidad de un régimen de capitalidad que refleje la realidad actual de Palma, argumentando que resulta fundamental "exigir al Parlament una financiación equitativa". Su discurso ha enfatizado que la capital merece un trato justo que se ajuste a su estatus y crecimiento.

Además, la propuesta sostiene una cláusula que permitiría al Ayuntamiento, bajo acuerdo del pleno, sugerir al Govern modificaciones a la legislación urbanística, específicamente en lo que respecta a porcentajes de vivienda protegida. No obstante, Celeste ha aclarado que la reserva global de vivienda pública en Palma permanecerá intacta, a pesar de las inquietudes expresadas por la oposición.

Las críticas no se han hecho esperar, con la regidora respondiendo de manera contundente a la izquierda, a quien acusó de "manipular" su mensaje y ofender a la ciudadanía. Manifestó su descontento ante lo que considera una falta de respeto por parte de sus opositores.

Por su parte, el portavoz de Vox, Fulgencio Coll, ha reprochado a los partidos de la oposición su falta de interés en mejorar la Ley de Capitalidad, señalándoles como responsables de la crisis de vivienda que enfrenta la ciudad.

Los partidos de la oposición, como el PSOE, MÉS per Palma y Unidas Podemos, han criticado duramente la propuesta, describiéndola como un "fraude" y un "grave error" que pone en riesgo el acceso a vivienda asequible en la ciudad. Xisco Ducrós, portavoz socialista, ha señalado que esta modificación permitiría a la administración reducir la oferta de vivienda protegida, lo que considera un grave error.

Lucía Muñoz de Unidas Podemos ha enfatizado que la reserva de vivienda pública es esencial para mitigar la crisis habitacional, advirtiendo que la propuesta no responde a las necesidades de la ciudad, sino a intereses de lucro privado. Desde MÉS per Palma, Neus Truyol también ha expresado su desaprobación, afirmando que la propuesta equivale a utilizar recursos públicos para beneficiar intereses particulares, lo que a su juicio constituye una traición a la ciudadanía.