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"Confirmado por experto en informática: era factible falsificar correos en la Policía durante el caso Exámenes"

PALMA, 27 Feb.

Un responsable de informática del Ayuntamiento de Palma ha corroborado este martes, ante el Tribunal que juzga el caso Exámenes, que el sistema de la Policía Local en 2012 permitía enviar correos electrónicos haciendo constar como remitente cualquier dirección a voluntad.

El trabajador era el responsable del área de usuarios del Instituto Municipal de Innovación (IMI) y prestó declaración ante la juez de instrucción. En el juicio ha vuelto a comparecer como testigo propuesto por la defensa del exdirector de Seguridad Ciudadana, Enrique Calvo, que sostiene que su dirección pudo ser suplantada por un tercero para enviar las preguntas filtradas del concurso de ascenso a oficial.

Este responsable ha expuesto que en aquella época la Policía Local "era autónoma informáticamente" respecto al resto de las entidades municipales. Según ha explicado, "era fácil" suplantar cualquier dirección simplemente haciendo constar otro remitente. "A la hora de enviar un correo, donde pone 'de:', en lugar de Pepe, pongo Juan", ha ejemplificado.

El trabajador ha aclarado que mediante el análisis de cabeceras sería posible comprobar desde qué estación de trabajo se había enviado un mensaje, pero ese estudio no se pudo hacer porque el proveedor de servicios no pudo facilitar copias de los correos originales, al haberse borrado por el transcurso del tiempo.

En este caso, el envío de las preguntas del concurso se hizo desde un correo gmail, la dirección personal de Calvo. El responsable de informática ha indicado que, si alguien enviara un correo haciendo constar falsamente una dirección externa, una comprobación de la cuenta auténtica de gmail constataría que ese mensaje no aparece como enviado.

Esta vulnerabilidad informática fue corregida más tarde con un cambio en los sistemas, si bien el departamento no tuvo constancia de ningún incidente.

En la misma línea, un subinspector con labores de gestión sobre el departamento de informática ha explicado que los técnicos le informaron de esta vulnerabilidad, aunque en aquel momento no lo relacionó con las oposiciones.

El funcionario ha subrayado que los expertos le hicieron una demostración simulando un envío de un correo "de la NASA" y le pareció "un truco de magia". "Les dije que tenían que hacer las pruebas oportunas y corregirlo", ha señalado.

Por último, en la sesión de este martes también ha comparecido un agente de la Policía Local que ha asegurado que la relación entre uno de los supuestos beneficiarios de la filtración, Tomás Mas, y el interino que destapó el presunto amaño, Daniel Montesinos, "era muy mala", hasta el punto que cuando estaban en prisión "llegaron a las manos".

Este agente también ha asegurado que en los ordenadores del cuartel, una vez iniciada la sesión con las claves profesionales, "uno podía ir a merendar y el ordenador se quedaba abierto", sin bloquearse automáticamente al cabo de un tiempo.

Este policía fue a la Fiscalía voluntariamente para aportar información, "porque en ese momento creía en la Fiscalía". El propio fiscal Anticorrupción Juan Carrau le tomó declaración y en el juicio han hecho patentes sus diferencias a cuenta de aquella comparecencia.

El agente ha asegurado que fue para "facilitarles el trabajo" y prestar su "ayuda", pero el fiscal ha lanzado que su comparecencia "parece para exculpar al sr. Calvo y hablar mal de Montesinos". "¿Qué pista facilitó?", le ha preguntado Carrau. "La que usted no puso ahí [en la declaración], que miraran las cámaras, y usted no quiso ponerlo", le ha contestado el policía.

En este caso, en el origen de la macrocausa Cursach, en el banquillo se sientan el exdirector general de Seguridad Ciudadana, Enrique Calvo; el intendente jefe de la Policía Local de Palma, Antonio Vera; el comisario jefe de la Comisaría Operativa y de Seguridad, Rafael Estarellas, y otros tres funcionarios de la Policía Local, dos de ellos como supuestos receptores de la filtración de preguntas del examen (Tomás Mas y Santiago Adrover).

Se investiga si los mandos policiales se concertaron para favorecer a estos dos aspirantes adelantándoles siete de las preguntas de una de las pruebas, que elaboraron los dos mandos policiales como miembros del Tribunal.

Las siete preguntas se enviaron desde el correo del entonces director general a un policía interino, Daniel Montesinos, supuestamente para que éste las remitiera a dos aspirantes. Sin embargo, Montesinos llevó el correo electrónico a un notario y la escritura acabó en manos de la Guardia Civil.

Además, la Fiscalía cree que Vera transmitió la totalidad de las preguntas a un pariente lejano que también se presentaba al concurso. Paralelamente, también se investiga a un agente que archivó una serie de denuncias contra el policía que tenía el acta notarial. El fiscal cree que lo hizo en connivencia con Vera porque el agente denunciado había divulgado la existencia de la escritura pública incriminatoria.

La Fiscalía pide condenas de un año y medio de cárcel e inhabilitación de hasta 12 años para el ejercicio de cargos públicos, por delitos de revelación de secretos, prevaricación y omisión del deber de perseguir delitos.