PALMA, 21 de octubre.

El abogado comercial Jorge Sainz de Baranda, visto como el brazo derecho del empresario Matthias Kühn, ha desmentido este martes las acusaciones que enfrenta en el marco de un caso relacionado con alzamiento de bienes, estafa procesal e insolvencia punible.

Durante su comparecencia, que tuvo lugar en la segunda ronda de declaraciones en el contexto de una investigación por un presunto fraude fiscal que asciende a más de 11 millones de euros, Sainz de Baranda defendió su papel como asesor legal y aseguró que todas sus acciones se han realizado dentro del marco de la ley.

El abogado ingresó y salió de los juzgados de vía Alemania por una salida discreta, permaneciendo en la sala durante aproximadamente hora y media. Según informaciones obtenidas por Europa Press, su declaración fue un esfuerzo por aclarar su involucramiento en el caso.

Además de Sainz de Baranda, otros seis individuos fueron convocados a declarar este martes, entre ellos supuestos testaferros, de los cuales dos participaron de manera virtual. De los que comparecieron en persona, tres optaron por no brindar testimonio y abandonaron los juzgados de forma rápida.

Es importante señalar que el lunes, Matthias Kühn decidió ejercer su derecho a no declarar, una decisión que también tomaron sus hijos, quienes se encuentran bajo investigación. En total, son 11 las personas en el ojo del huracán por presuntos alzamientos de bienes e insolvencia punible tras una querella interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción.

Kühn y su familia son investigados en relación a estas acusaciones después de recibir una indemnización de 96 millones de euros por la desclasificación de unos terrenos, antes de la sentencia del Tribunal de Justicia de Baleares (TSJIB) sobre la recalificación de Muleta II.

El empresario ha argumentado que su silencio se debe a que ha proporcionado, a través de su abogado, Jaime Campaner, una variedad de documentos que, según él, demuestran el carácter sesgado y parcial de la investigación realizada por la Agencia Tributaria, al no haber evaluado adecuadamente la información presentada. Desde su perspectiva, no hay más que agregar, ya que todos los puntos han sido abordados y sustentados documentalmente.

Kühn ha reiterado que el presunto fraude fiscal que se asocia con su grupo empresarial se relaciona con deudas existentes de sociedades que están en concurso desde 2016 y 2019, y sostiene que ya no ocupa el cargo de administrador, por lo que no tiene obligaciones fiscales personales pendientes.

Asimismo, el empresario enfatiza que ni él ni su entorno han intentado ocultar la indemnización de Muleta ni impedir que la Agencia Tributaria recupere sus deudas a partir de esa cantidad. De hecho, señala que en 2018, sus abogados ofrecieron dicha indemnización como garantía para cubrir las deudas, aunque la Agencia Tributaria lo rechazó.

En cuanto a la venta de las participaciones de Birdie Son Vida, que es la entidad acreedora de la indemnización, Kühn asegura que dicha transacción fue debidamente autorizada por el juzgado y que la Agencia Tributaria decidió no impugnar esta autorización en su momento. A pesar de ello, el empresario expresa su frustración al ver que ahora se alega que esta operación podría constituir un delito.

Kühn ha mantenido que nunca ha ocultado su papel como titular de las empresas de su grupo, y se ha documentado que la Agencia Tributaria siempre fue consciente de esta situación.

Recientemente, se presentó un documento que revela el "proceso torcido" de la AEAT, alegando que la Agencia sabía desde 2009 que Kühn era el propietario de esa sociedad, contradiciendo sus afirmaciones actuales de que esta información le fue oculta hasta las últimas investigaciones.

Finalmente, Kühn sostiene que la Agencia Tributaria ha estado ocultando de manera sistemática documentos e información crucial al juez, acusándola de utilizar el procedimiento como un medio puramente recaudatorio.