En el marco de la Conferencia Sectorial de Vivienda y Agenda Urbana con representantes de las comunidades autónomas, la consellera de Vivienda, Territorio y Movilidad, Marta Vidal, ha solicitado la colaboración de la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, para llevar a cabo el cierre de pisos turísticos que están siendo alquilados de forma ilegal.

La consellera ha destacado la necesidad de que el gobierno central ponga su atención en este problema, ya que las competencias de la Comunidad Autónoma no permiten clausurar este tipo de viviendas sin normativas estatales que lo permitan.

Vidal ha expresado la importancia de recibir ayuda para poder clausurar los pisos ilegales, señalando que se han identificado alrededor de 8.700 viviendas que están siendo utilizadas para actividades turísticas ilegales y que es necesario tomar medidas urgentes al respecto.

Además, la consellera ha manifestado su preocupación por el problema de la vivienda en España y ha trasladado a la ministra la invasión de competencias autonómicas por parte del Estado en materia de turismo, vivienda y urbanismo en su intento por regular la situación.

En relación al alquiler turístico, Vidal ha señalado la importancia de no centrarse únicamente en prohibir el alquiler turístico legal, sino de enfocar los esfuerzos en combatir el alquiler turístico ilegal, que considera como la raíz del problema.

Respecto a la Ley de Vivienda estatal, la consellera ha reiterado la postura del Govern en cuanto a no considerarla una medida efectiva, descartando la aplicación de la declaración de zonas tensionadas en ningún caso.

Por otro lado, Vidal ha anunciado la puesta en marcha de un programa de alquiler seguro para sacar al mercado viviendas vacías en Baleares, con el fin de ofrecer seguridad jurídica a los propietarios y combatir la ocupación ilegal y los impagos.

Asimismo, ha destacado la preocupante situación de municipios en Baleares con hasta un 40 por ciento de viviendas vacías, calificando esta realidad de despropósito en un territorio limitado y frágil que requiere protección. Para la conselleria, declarar zonas de mercados tensionados no es la solución, sino que contribuye a agravar el problema existente.