En Palma, a fecha 15 de diciembre, el Govern balear ha manifestado su interés en la implementación de un billete único de transporte, solicitando al Gobierno central la organización de una reunión con las comunidades autónomas para explorar la posibilidad de expandir este sistema. Actualmente, la propuesta solo se aplica al transporte estatal, lo cual no abarca a las Islas Baleares.

Fuentes de la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad han compartido esta información con Europa Press, en respuesta al anuncio realizado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la mañana de este lunes.

Desde el departamento a cargo de José Luis Mateo han expresado su descontento al señalar que, casi un año después de que el Ministerio de Transportes hiciera pública esta iniciativa, todavía no han recibido detalles concretos al respecto.

El Govern ha recordado que, en términos generales, el proyecto del billete único parece prometedor, pero carece de la información necesaria para avanzar, lo que hace imprescindible la reunión entre el Gobierno y las comunidades autónomas.

Las críticas se han centrado en la falta de convocatorias por parte del ministro Óscar Puente, ya que, hasta el momento, no se ha realizado ni una sola conferencia sectorial con las comunidades. El nuevo anuncio del presidente Sánchez no hace más que subrayar esta falta de comunicación efectiva, según lo expresado por los representantes del Govern.

En cuanto a la situación en las Islas, aseguran que se garantiza el transporte público gratuito hasta 2026, un aspecto que también fue mencionado por el líder del Ejecutivo en su discurso reciente.

Desde las instituciones baleares señalaron que el anuncio del Gobierno se limita a los transportes de competencia estatal, los cuales no existen en la región. Si el Gobierno realmente desea colaborar con las comunidades en la expansión de este sistema, es fundamental que se dialogue de manera directa y no solo a través de comunicados públicos.

El billete único, que se lanzará en la segunda quincena de enero y tendrá un costo mensual de 60 euros (30 euros para jóvenes menores de 26 años), permitirá utilizar trenes de media distancia y cercanías, así como autobuses estatales, aunque no será válido para los servicios de alta velocidad.

El Gobierno ha manifestado su intención de que las autonomías y los ayuntamientos se sumen a este proyecto, para incluir también los sistemas de metro, tranvías y autobuses urbanos bajo su jurisdicción.