PALMA, 10 de noviembre.

En un reciente informe de pisos.com, se destaca que Baleares ha registrado una leve subida en los precios del alquiler, situándose en un aumento interanual del 3,08% durante octubre. Sin embargo, el archipiélago continúa siendo la segunda comunidad autónoma con los alquileres más altos de España, solo superada por Madrid.

El coste promedio del alquiler alcanzó los 18,49 euros por metro cuadrado, marcando una ligera disminución del 0,14% en comparación con septiembre. Esta caída es la segunda más significativa en el país, un dato que no significa que la presión sobre los inquilinos esté disminuyendo.

Madrid lidera la lista con un alquiler medio de 21,52 euros por metro cuadrado, mientras que Cataluña se sitúa en tercer lugar con 16,03 euros por metro cuadrado, lo que deja a Baleares en una posición complicada en términos de accesibilidad habitacional.

En el contexto nacional, el precio medio de un piso de alquiler en España es de 13,94 euros por metro cuadrado. Este dato refleja un aumento intermensual del 1,09% y un notable incremento interanual del 17,24%, lo que pone de manifiesto la crisis del acceso a la vivienda que se intensifica en el país.

Palma, la joya balear, reportó un precio medio de 19,32 euros por metro cuadrado en octubre, superando la media regional y ocupando el cuarto lugar en el ranking de las capitales más costosas de España. La ciudad experimentó una ligera caída del 0,13% respecto al mes anterior, lo que la convierte en una de las menores caídas en el país, aunque en comparación con el mismo mes del año anterior, se observa un aumento del 5% en los precios.

Ferran Font, director de Estudios de pisos.com, señala que la crónica escasez de viviendas en alquiler es la principal causa del aumento de precios. La creciente demanda, en su mayoría urbana, añade presión al mercado, aunque muchos inquilinos se ven forzados a buscar en las periferias, donde la falta de conexión dificulta que las propiedades vacías se conviertan en opciones viables.

En cuanto a la cuestión del intervención estatal en el mercado, Font argumenta que penalizar a los propietarios sin ofrecer soluciones alternativas no resolverá el problema. Si se opta por gravar las propiedades vacías, podría resultar en una mayor conversión de estas en inmuebles en venta, que atraerían a inversores en lugar de sumarse al mercado de alquiler residencial.

Font concluye advirtiendo sobre el riesgo de que, si estas propiedades finalmente se ponen en alquiler, su mantenimiento se descuide, lo que deterioraría aún más el parque de viviendas. Es imperativo abordar la disonancia entre la oferta limitada en zonas de alta demanda y el excedente de propiedades vacías, para así garantizar una vivienda digna para todos.