En la jornada del 18 de diciembre en Palma, se dio a conocer que los centros socioeducativos para menores en Baleares han activado un total de 18 protocolos destinados a la prevención del suicidio y la violencia autodirigida durante el curso del 2024.

De estos protocolos, 15 se instauraron en Es Pinaret, dos en Es Fusteret y uno en la Llar de Convivencia. Esta información fue proporcionada por la consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, quien presentó detalles ante la Comisión de Asuntos Sociales del Parlament.

La consellera compareció ante dicha comisión para responder a numerosas preguntas de la diputada de MÉS per Mallorca, Marta Carrió, las cuales no habían obtenido respuesta escrita en el tiempo requerido. Una de las inquietudes planteadas se refería al número de protocolos activados en el pasado año en los centros socioeducativos.

Carrió subrayó la relevancia de estos datos, que se introdujeron en la legislatura anterior con el objetivo de monitorizar sistemáticamente el ambiente dentro de estos centros y el bienestar de los menores allí alojados.

Además, la diputada cuestionó a Fernández sobre la cantidad de menores implicados en intentos de fuga de los centros. Aunque la consellera no presentó cifras específicas sobre el periodo en cuestión, afirmó que apenas se había registrado un solo incidente.

Otro de los temas abordados por Carrió fue el estado de la prestación de 200 euros que se concede mientras los solicitantes esperan la resolución del ingreso mínimo vital (IMV). La consellera admitió que el proceso administrativo de esta prestación enfrenta “largas esperas”.

Según los datos de la Conselleria, hasta julio de 2024 había seis beneficiarios de esta ayuda, todos ellos experimentando retrasos. En ese mismo mes de mayo, la situación era similar, con la misma cifra de usuarios en espera.

Fernández indicó que, durante los inicios de 2025, no se habían registrado nuevas solicitudes, una afirmación que no pudo corroborar, al igual que la ausencia de peticiones entre agosto y noviembre.

“No tengo una respuesta clara sobre por qué no ha habido solicitudes, aunque sospecho que no se debe a que el IMV haya acelerado su tramitación, ya que estamos observando problemas en otros aspectos”, enfatizó la consellera.

En cuanto a la inversión destinada a contratar plazas que reduzcan la lista de espera para la valoración de discapacidad, Fernández reportó que se han completado nueve de las diez contrataciones previstas, y se espera avanzar en la última, que corresponde a un fisioterapeuta, en los próximos días.

Respecto a la situación de los usuarios en lista de espera para ser derivados a la Unidad Terapéutica de Abuso Sexual (Utasi), la consellera reconoció no contar con datos específicos para diciembre de 2024 o junio de 2025, aunque mencionó que la espera ha aumentado debido a la falta de personal, siendo una de las bajas ya cubierta y la otra en trámite.

Fernández expresó su preocupación ante el hecho de que la licitación para sumar un psicólogo en Mallorca —de los cuatro que ya hay—, así como uno más en Menorca y otro en Ibiza y Formentera, no ha logrado cumplir su objetivo de reducir las listas de espera.

A pesar de estos desafíos, la consellera aseguró que su departamento está comprometido con la implementación del modelo Barnahus, trabajando en conjunto con los consells insulares y otros organismos, con la finalidad de mejorar la atención a los menores que han sido víctimas de abusos sexuales.

Aunque Carrió mostró su apoyo al nuevo modelo, también cuestionó la efectividad del proceso de licitación utilizado para la contratación de psicólogos que deben proporcionar atención a niños que han sufrido esas experiencias traumáticas.