PALMA, 3 de febrero. El Govern de les Illes Balears ha acogido con entusiasmo la propuesta presentada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que busca establecer la prohibición de acceso a redes sociales para los menores de 16 años.

En declaraciones realizadas este martes a los medios, el conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, expresó su total apoyo a esta iniciativa. "Estamos completamente alineados con esta medida", afirmó Vera tras su participación en una sesión de control al Govern celebrada en el Parlament.

Vera también comentó con expectativa sobre el proceso de implementación de esta prohibición en Baleares, añadiendo: "Estamos atentos a cómo se desarrolla esta normativa y a las maneras en que podremos adaptarla en nuestra comunidad autónoma."

No obstante, el conseller mostró precaución al recordar que la prohibición de teléfonos móviles en los colegios había quedado supeditada a los reglamentos que cada comunidad autónoma debía elaborar, algo que desde el Govern ya se había abordado con una orden correspondiente.

El conseller también destacó otras iniciativas que su administración ha puesto en marcha para combatir el uso inadecuado de dispositivos digitales, como la limitación de pantallas hasta cuarto de primaria y una próxima campaña de concienciación para alertar a las familias sobre los peligros del uso excesivo de la tecnología.

A pesar de su valoración positiva de la propuesta de Sánchez, Vera no escatimó en críticas, señalando que esta iniciativa podría ser interpretada como "una cortina de humo" por parte del presidente, destacando que el Partido Popular ya había presentado una enmienda para prohibir las redes sociales en el contexto de la ley de protección del menor en entornos digitales.

El presidente Sánchez anunció su plan durante su intervención en la Cumbre Mundial de Gobiernos en Dubái, informando que se someterá a votación en el Consejo de Ministros la próxima semana.

Además de la restricción para menores de 16 años, la propuesta de Sánchez incluye medidas dirigidas a responsabilizar a las plataformas digitales y a sus directivos en caso de no eliminar contenido que incite al odio o que sea ilegal.

La intención es obligar a estas plataformas a establecer sistemas efectivos de verificación de edad y a crear un mecanismo de "rastreo, cuantificación y trazabilidad" para identificar y combatir la "Huella de Odio y Polarización".

Finalmente, el Gobierno se coordinará con la Fiscalía para explorar posibles acciones legales contra empresas como Grok, TikTok e Instagram, en caso de que violen estas normativas.