Memoria de Mallorca también ha acudido este viernes a ratificar la denuncia interpuesta junto a las familias Picornell y Pascual contra el presidente del Parlament

PALMA, 19 Jul.

El colectivo 'Estimada Aurora', que aglutina a alrededor de 50 personas, ha presentado este viernes una querella por un delito de odio en el Juzgado de Instrucción número 1 de Palma contra el presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, por arrancar una fotografía de Aurora Picornell durante un pleno.

En declaraciones a los medios, a la salida del juzgado, el abogado y escritor Sebastià Frau i Gaià ha explicado que esta querella ejerce de acción popular y representa a aquellos ciudadanos "no directamente afectados por el delito que quieren que se haga justicia y que haya una sentencia equitativa que responda a la agresión" de Le Senne.

"Es necesario, es conveniente y corresponde a los ciudadanos que se sienten ofendidos. Es un sentimiento de dolor, de pena, de estar profundamente afectados por el acto de este señor", ha agregado Frau, señalando que "mucha gente ha considerado que valía la pena reaccionar en forma de querella".

También este viernes se ha personado en el juzgado la asociación Memoria de Mallorca para ratificar la denuncia interpuesta, junto con familiares de Aurora Picornell y Antònia y Maria Pascual, por un delito de odio contra Le Senne.

Cabe recordar que las familias acudieron el jueves a ratificar la denuncia y este viernes era el turno de la asociación, quien ha tenido que aplazar un día la ratificación porque el 18 de julio estaban en Madrid.

La presidenta de la entidad, Maria Antònia Oliver, ha explicado a los medios de comunicación que el motivo de la denuncia es "pedir justicia para las víctimas del franquismo".

"Venir aquí y que nos atiendan los jueces siempre es muy positivo", ha dicho, recordando que el gesto de Le Senne "fue una incredulidad". "Es muy doloroso", ha agregado, añadiendo también la "tristeza e indignación" que causó.

Así, ha opinado que "dañar a unas víctimas --que han sufrido violaciones de derechos humanos-- por parte de un representante institucional, como es el de un parlamento, es muy duro y muy fuerte".

Para finalizar, Oliver ha visto positivo que otros colectivos se adhieran también a denunciar estos hechos, algo que ve como un "grito de esperanza".