El conseller Antoni Costa ha anunciado la inminente promulgación de un decreto que busca introducir modificaciones cruciales en la legislación relacionada con las zonas de alto riesgo, tras la reciente aprobación de una ley de simplificación administrativa en el Parlament. Este hecho ha suscitado un amplio debate entre los distintos actores políticos y la sociedad balear.

El pleno del Parlament de las Islas Baleares, que se llevó a cabo el pasado martes, culminó con la aprobación de dicha ley gracias a los votos favorables de los partidos PP y Vox. Sin embargo, esta medida se ha visto empañada por la falta de consenso sobre dos temas críticos: la legalización de viviendas y la construcción en zonas propensas a inundaciones.

El texto legal finalmente sancionado mantiene su redacción inicial, lo cual significa que no se ha incluido la prohibición de edificar en áreas consideradas de riesgo, permitiendo así la legalización de viviendas que se encuentren en situación irregular, independientemente de su ubicación en relación a zonas inundables.

Durante el debate, las tensiones entre el Govern y la oposición fueron evidentes, los partidos se lanzaron acusaciones mutuas en torno a la imposibilidad de alcanzar un acuerdo. Costa argumentó que el Ejecutivo había realizado considerables esfuerzos para encontrar un punto en común, pero responsabilizó al PSIB, y a su portavoz Iago Negueruela, de obstaculizar cualquier intento de diálogo.

El Govern había propuesto inicialmente restringir la construcción de viviendas y otras infraestructuras sensibles en áreas de riesgo, así como negar la posibilidad de legalizar viviendas fuera de ordenación en estas zonas, permitiendo únicamente obras y reformas que garanticen la seguridad. Al no conciliar opiniones, el conseller sostuvo que tras la publicación de la ley de simplificación en el Boletín Oficial de Baleares (BOIB), se implementaría un decreto ley con cambios destinados a "proteger la seguridad de la ciudadanía”.

En contraposición, la diputada socialista Mercedes Garrido declaró que la responsabilidad de la falta de acuerdo recaía principalmente en el PP y en Costa, a quienes acusó de intentar dividir a la izquierda sin éxito. Garrido aseguró que la propuesta del Govern no se traducía en una verdadera legalización, sino que consistía simplemente en obras de seguridad que consolidarían las viviendas existentes.

Garrido también criticó que el Govern se centrara exclusivamente en las zonas inundables, mientras que la oposición defiende la prohibición de nuevas construcciones y legalizaciones en cualquier área de riesgo. Esta postura fue respaldada por el diputado de Més per Menorca, Josep Castells, quien argumentó que la falta de acuerdo se debía a que las propuestas no abarcaban la exclusividad de las áreas de peligro, revelando una preocupación adicional por la inclusión de un término que implicaba una amnistía encubierta.

Castells concluyó expresando que la legislación aprobada, que permite construir en zonas inundables, era el resultado de la falta de valentía del PP para rectificar un decreto anterior, lo que suscitó preocupación y críticas en el ámbito político.

Adicionalmente, varios votos particulares del PP, destinados a rescatar artículos rechazados en comisión relacionados con medidas urgentes para la activación económica, lograron obtener un respaldo en la votación final, evidenciando la división entre los partidos respecto a la gestión ambiental y económica.

La diputada del PP, Margalida Pocoví, defendió la pertinencia de estas modificaciones, argumentando que facilitan el avance hacia una transición energética necesaria, al tiempo que criticó a la oposición por su contradicción al negarse a implementar medidas que apoyen este objetivo.

Sin embargo, los representantes de PSIB y MÉS argumentaron que los artículos recortaban avances en la lucha contra el cambio climático, cuestionando cómo, a pesar de la crisis medioambiental actual, se respaldaban iniciativas que incrementaban la contaminación.

En el ámbito de la seguridad, la diputada de MÉS per Mallorca, Maria Ramon, se opuso a la propuesta que permite a las policías locales portar armas de fuego, señalando que compromete las competencias de los alcaldes y la seguridad pública.

Desde Vox, Patricia de las Heras expresó su descontento por no haber sido aceptadas sus propuestas relativas a vivienda, pero a su vez defendió la aprobación de una enmienda que establece que las infracciones en suelo rústico prescriban a los ocho años, comparando esta situación con la prescripción de delitos graves.

Por otro lado, el diputado no adscrito Xisco Cardona abogó por flexibilidad en el cumplimiento de la obligatoriedad de adquirir vehículos eléctricos, planteando que esta medida resulta complicada para pequeñas y medianas empresas, lo que resalta la complejidad e interrelación de los problemas legislativos y su impacto en distintos sectores de la población.