PALMA, 27 de noviembre. En una reciente sesión del juicio que investiga las presuntas irregularidades en la adjudicación del puerto deportivo de Calanova, el administrador de la sociedad Port Olímpic ha limitado su relación con el exconseller de Turismo Carlos Delgado a un vínculo estrictamente profesional. Este testimonio se produce en el contexto de un caso que ha suscitado un amplio interés debido a las implicaciones de corrupción en la gestión pública.

Durante la audiencia de este miércoles, el socio y administrador de la sociedad que se presentó al concurso destacó que su interacción con Delgado estaba estrechamente ligada a la asistencia legal que este le proporcionaba en un proceso de divorcio, aclarándose que se refiere a él de manera coloquial como 'Caco', un apodo que le fue presentado por su hermano. El testigo argumentó que la frecuencia de sus comunicaciones se debió a la complejidad del proceso legal en el que estaba inmerso.

El testimonio se centra en el papel del acusado como fundador y administrador de Port Olímpic, una entidad que se asoció con otros empresarios también acusados, y que finalmente resultó ganadora en el concurso de Calanova. A medida que se desarrollaba la audiencia, las conexiones entre el exconseller y los acusados han centrado considerablemente la atención de los fiscales y del tribunal.

En otro punto crucial del juicio, el administrador ha rechazado las acusaciones respecto a la venta de participaciones de la sociedad, desmintiendo que hubiese recibido una primera oferta de 400.000 euros, que luego se redujo a poco más de 200.000 euros al momento de la venta. "Sería una fantasmada mía", afirmó, refiriéndose a ciertos mensajes que se presentaron como parte de la discusión sobre esta negociación financiera, lo que añade una capa más de confusión sobre las transacciones realizadas.

Desde la Fiscalía, se ha solicitado una condena severa para el exconseller Delgado, que incluye una inhabilitación y una pena de prisión de un año y nueve meses, en virtud de los delitos de prevaricación y tráfico de influencias. Junto a estas peticiones, se ha exigido el pago de una multa significativa de 1,1 millones de euros. Asimismo, para los otros acusados se plantean penas penitenciarias que se asemejan en duración, así como multas que superan el millón de euros, lo que pone de relieve la seriedad de las acusaciones en este caso que pone en tela de juicio la transparencia en la gestión pública y la ética en las relaciones de poder.