PALMA, 7 de noviembre. Un hecho alarmante ha salido a la luz en Santa Ponça, donde un padre ha llegado a un acuerdo con la justicia tras ser acusado de agredir sexualmente a su hija, una joven con discapacidad. Aunque ha aceptado una pena de dos años de prisión, esta quedará suspendida y no cumplirá tiempo en la cárcel.

En la vista previa del juicio celebrada este viernes en la Audiencia Provincial de Palma, el acusado admitió los hechos en cuestión y las partes involucradas concretaron un pacto de conformidad. Este desenlace ha causado preocupación en diversos sectores de la sociedad, que exigen un enfoque más duro frente a los delitos de este tipo.

Inicialmente, la Fiscalía había propuesto una sentencia de tres años de prisión y una indemnización de 3.000 euros, considerando la gravedad del caso de agresión sexual. Sin embargo, el acuerdo alcanzado ha permitido reducir la condena a dos años, la cual, insólitamente, no implicará que el agresor cumpla tras las rejas.

La condición de esta suspensión es que el acusado no cometa ningún delito en un periodo de cuatro años y que cumpla con el pago de la indemnización estipulada. Adicionalmente, se le ha impuesto una orden de alejamiento de su hija por tres años y la obligación de asistir a un programa de reeducación sexual, lo que plantea interrogantes sobre la verdadera efectividad de tales medidas.

Los actos delictivos, según el fiscal, ocurrieron en abril de 2024 en una propiedad del acusado en Santa Ponça. Las acusaciones detallan que el padre sometió a su hija a tocamientos inapropiados y pronunció comentarios obscenos mientras se exponía ante ella. La víctima, de acuerdo con el Ministerio Público, enfrenta desafíos significativos debido a su discapacidad intelectual y a un trastorno neurocognitivo que resulta de un ictus que sufrió años atrás.

Este caso ha encendido el debate sobre cómo el sistema judicial trata los delitos de violencia de género y abuso sexual, especialmente cuando involucran a personas vulnerables. La comunidad exige justicia y protección efectiva para las víctimas, así como medidas que realmente prevengan nuevos delitos en el futuro.